Antioquia se revela como uno de los departamentos más afectados por la violencia durante 2023 en Colombia, junto con Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. Informe ONUDH 2023 – Colombia : Violencia territorial, conflicto armado, seguridad y derechos humanos / A. Situación de seguridad y de derechos humanos
*Según el informe de la ONUDH:
*Recibieron 123 alegaciones de posibles masacres en 2023. De éstas, se verificaron 98 y 25 fueron consideradas no concluyentes. Observaron un incremento de 6,5% respecto de las masacres verificadas de 2022. En las masacres verificadas, se registraron 320 víctimas (242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas). Del total de víctimas, 18 pertenecían a pueblos étnicos (15 indígenas y 3 afrodescendientes). Entre los departamentos más afectados está Antioquia. En el 93% de las masacres verificadas, la presunta autoría recayó en grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
*La ONUDH recibió 100 alegaciones de violencia basada en género, incluyendo violencia sexual, en el marco del conflicto armado. 53 casos fueron verificados en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño y Norte de Santander. Entre ellos, la Oficina documentó algunos casos de trata con fines de explotación sexual contra niñas por parte de grupos armados no estatales, que las estarían transportando a sus campamentos para ser explotadas sexualmente por sus integrantes en Chocó y Nariño. La onudh documentó también algunos casos de violaciones de mujeres y niñas en el marco del control social ejercido por estos grupos, incluyendo casos que habrían ocurrido en la presencia de familiares.
*La mayoría de los casos de reclutamiento, uso o utilización de niños y niñas documentados sucedieron en Antioquia, Arauca, Cauca y Nariño. Al menos once víctimas fueron reclutadas en escuelas por grupos armados no estatales ubicados en centros educativos y sus inmediaciones, o utilizando a otros niños y niñas para reclutarlas. Se han identificado, además, rutas habituales de reclutamiento, y lugares donde las víctimas son sometidas a instrucción dentro del grupo e incluso a pruebas médicas.
*La Jurisdicción Especial para la Paz avanzó en la determinación de responsabilidades en: los casos territoriales de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (macrocaso 2), que incluyó la atribución de responsabilidad frente a patrones de violencia sexual y de género y destrucción el territorio y la naturaleza; en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca (macrocaso 5); y por ejecuciones extrajudiciales en los subcasos de Antioquia y Huila (macrocaso 3).
*La ONUDH realizó seguimiento sobre las amenazas contra la magistratura de la Jurisdicción e intervinientes que precedieron la audiencia realizada en Dabeiba (Antioquia) y a un equipo de abogados, así como la retención de la comisión humanitaria de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ocurrida en el municipio de Pradera (Valle del Cauca). Preocupan las agresiones y asesinatos de personas que han participado activamente en el macrocaso 05 en el departamento del Cauca.
*En octubre se llevaron a cabo las elecciones departamentales y municipales para el periodo 2024-2027. En algunas partes del país los abusos cometidos por grupos armados no estatales y organizaciones criminales afectaron el ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluyendo el derecho a la vida. Entre el 1 de enero y el 29 de octubre, la Oficina recibió información de 46 personas (41 hombres y 5 mujeres) con algún tipo de liderazgo político asesinadas. De estos 46 casos, 11 eran candidatas y candidatos inscritos y 12 desarrollaban una actividad política preelectoral. Entre las víctimas se encuentran siete afrodescendientes, cinco indígenas, y ocho campesinos. Los departamentos donde se presentaron estos hechos son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Guaviare, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. Igualmente, durante este período la ONUDH documentó amenazas, atentados contra personas y sedes de partidos políticos, hostigamientos, y prohibiciones a la realización de actividades de campaña, incluidos casos de violencia de género en contra de mujeres y personas LGBTIQ+ Participantes en el proceso presuntamente cometidas por actores armados no estatales.
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